El pasado jueves 13 de mayo, se filtró la información de que la delegación peruana que viajaría a disputar la Copa América en Colombia iba a ser vacunada por dosis de propiedad del estado peruano.

La noticia generó malestar e indignación entre varios periodistas y ciudadanos, ya que argumentaban que las vacunas tenían como prioridad las personas más necesitadas.

Casi una semana después, el periodista Umberto Jara realizó una extensa investigación en la web 'Once' sobre el fallido plan de vacunación, donde se indica todo un "plan delictivo" para que los dirigentes sean vacunados.

Parte del texto indica: "Lo que existió detrás fue un un plan delictivo para desviar vacunas hacia La Videna rompiendo todas las normas establecidas en el Plan Nacional de Vacunación elaborado para todos los ciudadanos del país en base a un calendario basado en la edad y el riesgo de salud".

"Agustín Lozano, y todo el directorio de la FPF, urdió la patraña de las vacunas no para proteger a los jugadores sino para que dirigentes y muchas otras personas pudieran vacunarse con varias finalidades: 1) Obtener votos para la reelección de Agustín Lozano; 2) obtener inmunización contra el coronavirus saltándose la fila establecida por el Plan Nacional de Vacunación; 3) Viajar vacunados a la Copa América".

"Pero el asunto es mucho más grave e ingresa en el ámbito delictivo porque, además de que las acciones fueron clandestinas, se solicitaron muchas más vacunas de las que habría necesitado una delegación a la Copa América: 108 dosis. Si aceptamos la hipótesis falsa de que era necesario vacunar a la delegación para la Copa América, se habrían necesitado a lo más alrededor de unas 45 vacunas y no 108. La cifra de 45 es bastante generosa porque a la anterior Copa América (Brasil 2019) asistieron 60 personas".