Pasan las horas y se hace más grave la polémica que afronta el fútbol colombiano luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio generara un pliego de cargos contra la élite del FPC por claras violaciones al régimen de protección de competencia . La Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor están en el punto de mira y los detalles de esta investigación son cada vez peores para ambas entidades.
Tras el revuelo que generó esta información, la SIC explicó con detalle de qué se trata esta investigación y hay un punto que deja muy mal parado a la FCF y la Dimayor. Tiene que ver con la organización, desarrollo e impulso del fútbol femenino. Tema que ha generado mucha controversia en el país.
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La FCF asegura que “no hay recursos” para la realización de la Liga femenina profesional
Desde hace varios meses, varios dirigentes de la FCF y la Dimayor han declarado públicamente que las entidades no cuentan con los recursos necesarios para realizar la Liga profesional en el país. En resumen, aseguran que no hay inversión suficiente para garantizar un torneo que cuente con garantías de desarrollo y difusión para la rama femenina.
Sobre este punto, el Gobierno Nacional se pronunció y destinó un porcentaje de su presupuesto para que se pudiera desarrollar una liga digna para las mujeres. Dirigentes del fútbol colombiano se negaron a recibir ese dinero argumentando que falta apoyo de patrocinio y presupuesto para mantener este torneo.
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Francisco Melo, delegado para la libre competencia en la SIC, fue la persona que explicó la investigación que se adelanta contra la élite del fútbol colombiano. En rueda de prensa, destapó públicamente la razón por la que FCF y Dimayor se negaron a recibir el dinero del Gobierno para el desarrollo de la liga femenina en el país.
“De conformidad con las pruebas recaudadas, la explicación de esa renuencia en realidad habría sido que la recepción y la utilización del dinero público habría implicado que las instituciones quedaran sujetas a la vigilancia y auditoría de los entes de control”.
En otras palabras, a la FCF y Dimayor no les convendría recibir dineros del Gobierno para evitar vigilancia y revisiones externas.
