La campeona olímpica Simone Biles junto con un grupo de 90 gimnastas iniciaron una demanda sin precedentes contra el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) por fallar en la detección de Larry Nassar, ex médico del equipo olímpico condenado por abuso sexual. El monto es de más de 1.000 millones de dólares por no haber actuado, tal una de sus funciones, contra el ex médico del equipo nacional estadounidense cuando la agencia de investigaciones recibió las primeras acusaciones. Así lo informaron los abogados del colectivo demandante, a cargo del bufete de letrados Manly, Stewart & Finaldi. “La mayoría de las demandantes consiste en más de 90 mujeres jóvenes y niñas que sufrieron abusos después de 2015 debido a que el FBI no tomó las medidas requeridas para protegerlas”, manifestaron los abogados a través de un comunicado.
Claro, el FBI estaba al tanto de la situación y no hizo nada cuando, en 2015, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, con sede en Indianápolis, notificó a agentes de la oficina local del FBI que tres gimnastas habían sido víctimas de abusos por parte de Nassar. Sin embargo, el FBI no abrió una investigación formal y tampoco notificó a las autoridades federales o estatales, y sólo inició las acciones correspondientes cuando el diario The Indianapolis Star publicó una investigación que abrió la caja de pandora con aberrantes casos de abuso sexual, pornografía infantil y manipulación de pruebas.
El siniestro médico de 58 años cumple una cadena perpetua luego de declararse culpable entre 2017 y 2018 por agredir sexualmente a más de 250 deportistas cuando ejercía la función de médico de la Federación Estadounidense de Gimnasia (USA Gymnastics) y de la Universidad Estatal de Michigan.
“Llegó el momento de que el FBI asuma responsabilidad”, dijo Maggie Nichols, campeona nacional de gimnasia en la Universidad de Oklahoma entre 2017 y 2019. Y Samantha Roy, gimnasta de la Universidad de Míchigan, agregó: “Si simplemente el FBI hubiera hecho su trabajo, Nassar habría sido detenido antes de que tuviera la oportunidad de abusar de cientos de niñas, incluyéndome a mí”. En línea se refirió la gimnasta McKayla Maroney: “Mis compañeras sobrevivientes y yo fuimos traicionadas por cada institución que se suponía que debía protegernos: el Comité Olímpico de Estados Unidos, USA Gymnastics y el FBI. Tenía alguna esperanza de que cumplieran su palabra y exigieran responsabilidades al FBI. Pero está claro que el único camino hacia la justicia y la curación es a través del proceso legal”.
La suma millonaria de más de 1.000 millones de dólares que ahora se le reclama al FBI, supera los acuerdos que rubricaron Universidad Estatal de Míchigan, que acordó pagar 500 millones de dólares a más de 300 mujeres y niñas que fueron agredidas, y los 380 millones de dólares que la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y el Comité Olímpico y Paralímpico dispuso abonar a las afectadas.
El FBI, bajo el amparo de la legislación federal, tiene un plazo de seis meses para responder los reclamos presentados. Por ello, se podrían interponer litigios legales, dependiendo de la respuesta que expida el FBI. En todo esto pesan las declaraciones que dio el director del FBI Christopher Wray, quien reconoció graves errores en el proceso. “Lamento mucho que había gente en el FBI que pudo haber frenado a este monstruo en 2015 y no supo hacerlo. Y eso es inexcusable”, dijo Wray ante las víctimas, en una impactante audiencia del Senado que se dio en septiembre pasado.