El próximo 25 de noviembre se cumplirán tres años de la muerte de Diego Maradona, pocos días después de haber festejado su cumpleaños número 60. La vida del Diez tuvo su final mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado, pero su nombre está siempre presente. Día tras día hay alguna señal que a los futboleros los lleva a pensar en él. Y también sigue siendo noticia: esta vez porque Claudia Villafañe ganó uno de los juicios que le había iniciado su ex marido.
Este viernes 20 de octubre, la justicia norteamericana cerró el caso en juicio sumario a la demanda que Maradona había iniciado en 2015 e incluía cargos por enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deber fiduciario, robo, y fraude, alegando que Villafañe había utilizado más de un millón de dólares que le pertenecían a Diego para comprar propiedades en Miami.
La información a la que Bolavip accedió en exclusiva indica que el argumento de aquella denuncia del Diez era una auditoría que había realizado sobre sus finanzas. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas de esa auditoría que, incluso, “el propio Matías Morla (abogado de Maradona) negó haberla realizado cuando le tomamos declaración”, según explicó Paula Aguila, del estudio MPA LAW que defendió a Claudia Villafañe, a Bolavip.
Así fue como el juez Carlos López, del Undécimo Circuito Judicial, determinó que la supuesta auditoría de 2015 nunca existió y, como resultado, sancionó a los herederos representantes de Maradona por tergiversar la existencia de la supuesta auditoria en la demanda y en el intercambio de prueba. Eso se debe a que luego de la muerte de Diego, sus hijos Diego Junior, Jana y Diego Fernando, representado por su madre, Verónica Ojeda; se presentaron en 2021 para que continuara el caso.
El inicio de la demanda de Maradona a Claudia Villafañe
2015 fue el año en que Maradona denunció a la que por entonces ya era su ex esposa, de la cual se había separado en el 2000, cuando estuvo internado en Cuba, y de la que se había divorciado en 2003. La compra de una serie de departamentos en Miami fue lo que disparó el reclamo para que se le reconociera el 50% de esas propiedades o las supuestas ganancias que se habían generado a partir de la compra-venta.
“Era un reclamo de alrededor de 1.800.000 dólares. Diego, por consejo de sus abogados, argumentaba en la denuncia que Claudia no tenía dinero propio para haber comprado esos departamentos. Y justificaba que había usado fondos suyos a partir de los datos que habían surgido de una auditoría”, le contó la abogada Paula Aguila a Bolavip. “Siempre quisimos tomarle declaración a Maradona, pero hicieron todo lo posible para que él no hablara. Hasta se presentó el doctor (Luis) Luque en Miami para decir que a Diego, por las adicciones, le iba a hacer mal psicológicamente. Así lo fueron postergando, luego vino la pandemia y después falleció, así que nunca declaró. Sólo lo hizo a través de un escrito”, agregó la letrada argentina que defendió a Villafañe.
Quien sí declaró fue Matías Morla, el último abogado que tuvo Maradona y quien manejó los últimos años de la carrera de Diego como entrenador al mismo tiempo de llevar adelante los negocios del Diez. “Morla admitió que nunca había visto los estados financieros de Maradona”, aseguró la abogada Aguila y ahí tuvo la llave para resolver el caso a favor de Claudia. Porque la inexistencia de esa auditoría que en teoría había comprobado el fraude denunciado hizo que el juez norteamericano resolviera el caso en una sentencia sumaria final.
¿Qué significa eso? Que ante la falta de pruebas no era necesario llegar a la instancia del juicio que resuelven los jurados y el propio juez argumentó que las afirmaciones se basaban sólo en suposiciones y sospechas. Además, el tribunal consideró que en varios casos había caducado el plazo para presentar los cargos. Así, entonces, Jana Maradona, Diego Maradona Junior y Diego Fernando Maradona deberán hacerse cargo de al menos 70 mil dólares de honorarios.
¿Está cerrado el caso de la denuncia de Diego Maradona a Claudia Villafañe?
El fallo del juez López aún no es definitivo porque los denunciantes ahora tienen un plazo de 30 días para apelar, donde podrían argumentar que hubo una incorrecta aplicación de la ley por parte del tribunal de primera instancia o una interpretación inadecuada de los hechos. Sin embargo, es poco habitual en la justicia norteamericana que se resuelvan situaciones en una sentencia sumaria final, lo que hace que sea difícil de apelar la decisión tomada por el juez.
