El decreto 730/2024, firmado por Javier Milei y publicado el pasado miércoles 14 de agosto en el Boletín Oficial, aumentó la tensión entre el Poder Ejecutivo y Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al imponer la reglamentación para que el voto de los socios sea la decisión de los clubes de convertirse o no en sociedades anónimas deportivas.
La casa madre del fútbol argentino rápidamente contestó con un comunicado de prensa, en el que asegura que “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
En medio del tire y afloje entre el Gobierno y la AFA, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejó entrever que la intervención al organismo podría ser una opción en este contexto. “El Poder Ejecutivo va a hacer respetar la ley, y ley es terminante. Una asociación privada y de fútbol no puede permitirle a sus socios poder elegir”, aseguró.
Luego, puso de ejemplo a distintas instituciones con mucha historia y peso en el fútbol argentino que, para él, no podrían convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva. “Hay clubes en los que nunca va a funcionar esto. Boca y River tienen grandes ingresos. Racing está muy ordenado. El resto está muerto de miedo, necesitando capital. ¿Cómo puede ser que Instituto, San Lorenzo y algunos más estén inhibidos en la séptima fecha?”, recalcó.
Además, tras mencionar las dificultades que atraviesan algunos clubes en cuanto a infraestructura, Cúneo Libarona aseguró que la mayoría de los dirigentes “no tienen estudios” para ejercer en sus cargos y que, con la llegada de las SAD al fútbol argentino, habrá “profesionales” y “gerentes deportivos que han estudiado y tienen experiencias en clubes y compra de jugadores” para generar puestos de trabajo.
El duro cruce de Toviggino a Cúneo Libarona
Tras los dichos del ministro en Canal 9, Pablo Toviggino -dirigente y mano derecha del Chiqui Tapia- salió al cruce en sus redes sociales como tantas veces se lo ha visto escribir en su perfil, pero con un mensaje claro para Cúneo Libarona ante la advertencia por la posible intervencion en AFA.
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“Las estrategias cambian y el resultado es el mismo. A 8 meses de haber decretado la necesidad y la urgencia de imponer un cambio en el modelo del fútbol argentino, los clubes siguen siendo de los socios. Ni siquiera el “generoso” plazo de un año para adaptar los estatutos de AFA, establecidos por la reglamentación de una norma que en principio anunciaron como operativa (que solo revelen un cambio de estrategia que desvirtúan la necesidad y la urgencia que motivó la norma principal), modificará la voluntad de nuestra Asamblea de integrarnos con asociaciones civiles”, dice la primera parte del posteo.
“Habrán pasado 1 año y 8 meses desde aquella necesidad y urgencia cuando los nuevos plazos se agoten, y no solo no habrán torcido ni viciado la voluntad de nuestros flamantes asambleístas para modificar los estatutos a su gusto, sino que tampoco podrán recurrir a su única solución que será una intervención administrativa que suspenda la vigencia de los estatutos de AFA (propio de un régimen dictatorial), sin pagar el costo político de una inminente desafiliación de FIFA que borre del mapa mundial nuestro más preciado orgullo deportivo y cultural”.
“Mientras tanto, el estatuto de AFA goza de plena salud y vigencia, lo que no se modificará hasta que libre y democráticamente lo decida nuestra Asamblea, lo que está avalado y ratificado por la Justicia Federal en un fallo reciente que establece el alcance de sus efectos a toda AFA, y no solo al actor (Liga de Salto) como hasta recientemente lo sostuvieron en el gobierno. En consecuencia, mientras nuestros estatutos estén vigentes, cualquier institución afiliada a AFA que decida modificar los requisitos de admisión y afiliación estatutariamente establecidos (y disolverse como club para convertirse en una empresa es uno de los casos) tendrá como consecuencia irremediablemente la desafiliación, circunstancia implícitamente admitida por el gobierno, al menos por los próximos 12 meses”, concluye.
